En medio de un invierno crudo, las facturas de luz y gas llegan con aumentos que superan largamente la suba de los salarios. La Defensoría del Pueblo bonaerense advirtió que el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para eliminar el régimen de Zona Fría dejará sin el beneficio a millones de hogares justo en el momento de mayor consumo energético del año.
El frío no da tregua en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y para calefaccionar los hogares muchas familias no tienen otra opción que encender estufas, prender hornallas y buscar cualquier alternativa que ayude a paliar las bajas temperaturas. Lo que no se detiene, sin embargo, es el ritmo de los medidores: en pleno invierno, las quejas por el costo de los servicios crecen al mismo tiempo que avanza en el Congreso una reforma que podría agravar todavía más la situación.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires salió a cuestionar con dureza el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional. Según advirtieron desde el organismo, si la iniciativa se aprueba sin cambios, derogará el beneficio automático del régimen de Zona Fría en 78 municipios bonaerenses, dejando sin protección a más de tres millones de hogares en todo el territorio provincial.
Salarios estancados, tarifas por las nubes
Para la Defensoría, el ahogo económico de las familias no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de una política tarifaria que avanzó mucho más rápido que los ingresos. El defensor del pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, explicó que los aumentos surgen de una distorsión muy marcada entre la suba de los ingresos entre 2024 y 2026 —de alrededor del 141% en promedio— y lo que el Gobierno denominó “sinceramiento de las tarifas”, un esquema de actualización que, según remarcó, siempre corrió por encima tanto de los salarios como de la inflación.
La magnitud del ajuste se nota en las boletas que llegan mes a mes a los hogares bonaerenses: un usuario promedio de energía eléctrica sufrió incrementos superiores al 450%, mientras que en el caso del gas de red el salto llegó al 700%, sin contar todavía el mayor consumo propio de la temporada invernal. Si finalmente se concreta la eliminación del beneficio de Zona Fría, las facturas de gas sumarían un 50% adicional sobre valores que ya resultan difíciles de afrontar para buena parte de las familias.
Un recorte encubierto, según la Defensoría
El régimen de Zona Fría, ampliado en 2021 a través de la Ley 27.637, garantiza un descuento general del 30% y de hasta el 50% para los sectores más vulnerables sobre el componente de gas de la factura. Con el proyecto que impulsa el Gobierno nacional, la cobertura del subsidio universal quedaría reservada exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando afuera al resto del mapa bonaerense.
Para acceder a algún tipo de asistencia, cada hogar debería demostrar de manera individual su situación de vulnerabilidad a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, con un monto final de descuento que quedaría librado a lo que determine la reglamentación del Poder Ejecutivo. Martello fue categórico al respecto: sostuvo que la iniciativa convierte un derecho adquirido en una prestación condicional, sujeta a que las familias demuestren su vulnerabilidad socioeconómica, y calificó la medida como un recorte encubierto orientado a sostener un superávit fiscal.
“Este proyecto convierte un derecho adquirido en una prestación condicional, sujeta a que los hogares demuestren su vulnerabilidad socio-económica. Eso no es una reforma: es un recorte encubierto”, sostuvo el funcionario, según su testimonio recogido por Infocielo.
El funcionario también remarcó que delegar en el Poder Ejecutivo la potestad de fijar los montos de los descuentos entra en tensión con el principio de que las tarifas de los servicios públicos concesionados deben determinarse por ley, lo que —según su lectura— expone a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no debería trasladar a los sectores más débiles.
La garrafa, un problema aparte
El impacto no se limita a las localidades con tendido de gas natural. En buena parte del conurbano y del interior bonaerense, donde la red todavía no llegó, la calefacción y la cocción de alimentos dependen exclusivamente de la garrafa de 10 kilos, un terreno donde la distancia entre la ayuda estatal y los precios de mercado resulta cada vez más difícil de sostener. Según explicó Martello, lo que reconoce hoy el esquema vigente para la garrafa social ronda los $9.300, un valor muy alejado de los cerca de $27.000 que cuesta actualmente una garrafa de 10 kilos en el mercado.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo instó al Congreso a rechazar los artículos del proyecto que eliminan el beneficio universal para las zonas ampliadas de la provincia. Desde el organismo insisten en que cualquier reforma al régimen energético debería fijar por ley montos mínimos garantizados, criterios de inclusión transparentes y mecanismos de control adecuados, de manera que el acceso al calor durante los meses más fríos del año no termine convertido en un privilegio reservado para unos pocos.